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El informe ejecutivo elaborado por la Unicef que señala los principales nudos problemáticos de los Centros Privativos de Libertad para Adolescentes y Secciones Penales Juveniles, entrega resultados alarmantes.  "Muchos de los centros no cumplen con condiciones de vida básicas ni con los estándares normativos que rigen su funcionamiento. Es más, hay factores que afectan en términos negativos el desarrollo de los adolescentes internos o que derechamente producen daño en ellos". 

Este organismo internacional, que es uno de los encargados de vigilar el trabajo de los centros de reclusión  juvenil , el informe elaborado  recoge los problemas que requieren con mayor urgencia atención y solución por parte de la autoridad;  a su vez,  concluye que parece  altamente improbable, si no imposible, que se pueda cumplir con la finalidad proclamada por la Ley 20.084, en cuanto a que la sanción forme parte de una intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena integración social.

Algunas de las denuncias presentadas por los jóvenes participantes de aquellos centros, se resumen en el informe como :  las   largas horas que pasan sin  hacer nada, debido la calidad y cantidad de los talleres impartidos que no son apropiados a su edad y necesidades; implementación de programas de escolarización y capacitación deficientes;  precariedad de recursos materiales; no existe  una práctica regular de una evaluación médica a los internos al momento de ingresar al centro, así como tampoco se llevan a cabo controles médicos con la periodicidad necesaria; el recurso humano es insuficiente considerando el número de internos, lo que conlleva el desgaste y agotamiento de los funcionarios , repercutiendo  en el trato que reciben los jóvenes; la utilización de  sanciones  disciplinarias como  el aislamiento en celdas solitarias o de castigo;  la falta de segregación dependiendo de la edad, estatus procesal, perfil del interno y género;  y un punto importante y complicado recae en aquellos jóvenes recluidos en las secciones juveniles de los centros penitenciarios a cargo de Gendarmería,  lo que conlleva un riesgo inminente de suicidios, conflictos internos o motines. Aquí, más que en ningún otro caso, se requiere la adopción de medidas urgentes. 

Las autoridades gubernamentales salieron al paso de las informaciones.  El ministro secretario general de Gobierno, se limitó a señalar que "esto obliga a trabajar más y a hacer mejor las cosas. Luego el vocero recordó que hace menos de un año se comenzó a aplicar la Ley de Responsabilidad Adolescente, "algo que nunca antes existió" y que obliga a los menores infractores de entre 14 y 18 años a cumplir sus penas por lo que "es fundamental" que esos recintos estén capacitados "para acogerlos y rehabilitarlos".

Por su parte el subsecretario de Justicia, Jorge Frei, señalo que el Sename a avanzado, indicando que  en lo que va de este año se han invertido más de 9 mil millones de pesos en  268 nuevos funcionarios que son todos profesionales y hay más de 168 obras en ejecución. A su vez recordó que el próximo 8 de junio, al cumplirse un año de la puesta en vigencia de la reforma procesal adolescente, se entregará un balance general y un rediseño del Sename.